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¿Quién debe pagar por el grafiti?

Entre muchas otras cosas, el grafiti es un sistema público de prevención de conflictos. Un sistema que además de funcionar de forma casi imperceptible y constante se ampara en una premisa fundamental: todas las personas pueden (y deben) pensar diferente. Un servicio curiosamente similar prestan algunas señales de tránsito que indican a los conductores y transeúntes (como es el caso de los “pare”) de la inminente presencia del otro; evitando así un choque u otro tipo de accidente. De la misma forma, el grafiti y sus parientes cercanos (arte urbano, cartelismo, etc), en mayor y menor medida, sirven un propósito mayor para la sociedad que habitan: avisar y confirmar que existen otros distintos a nosotros -una cuestión que se olvida con facilidad-. Dicho servicio o utilidad es de notable trascendencia al saber que muchos de los conflictos o acuerdos peligrosos (como la indiferencia) surgen por la incapacidad originaria de no poder concebir, aceptar y respetar que el otro existe en su individualidad de pensamiento y en su autonomía de proceder.

Esta aproximación al grafiti como un servicio de utilidad colectiva representa un reto posterior y adicional: definir quién debe pagar por el grafiti cuando existe un interés de participar en las conversaciones públicas de forma directa. (Una nueva categoría práctica y teórica). Por ahora, y sin que exista mucha replica al respecto, el costo de la creación y ejecución de la gran mayoría de este tipo de grafiti es asumido por quien lo ejecuta (artistas en vísperas o practicantes espontáneos). Esta realidad implica una evidente injusticia si se asume que dicha actividad -como lo expresé- reviste una importancia significativa para el bienestar de la sociedad y que el artista o practicante es el agente de menor capacidad económica o, al menos, de menor lucro en la prestación del servicio. Una confusión común es pensar que el grafiti es “gratis” porque está en la calle. Por supuesto que no lo es. Hay alguien que lo está pagando y reitero que vale la pena preguntarse si esa situación es la más adecuada y la más justa. La poesía y coraje detrás de la denominada “autogestión” no descarta que exista una falla en el “sistema de remuneración del servicio”.

Actualmente, aparte del grafiti que se “autogestiona”, existen dos fuentes económicas posibles para pintar en la calle con el propósito mencionado (de participar en las conversaciones públicas de forma directa): el sector público y el sector privado. Y aunque llevo más de 10 años trabajando proyectos de esta naturaleza, con unos y otros (lo cual agradezco), con el tiempo he podido reconocer dos riesgos de la financiación de este tipo particular de grafiti por parte de estos dos agentes.

El primer riesgo, que considero potencial, es la cooptación del discurso del grafiti por parte del sector público. Y aunque esto no ha sucedido en los proyectos que he participado y que han tenido como principales aliados a varias administraciones, es muy probable que algún funcionario hábil o un político inescrupuloso, comprenda la importancia del grafiti en la comunicación en las calles y se apropie de éste fijando una agenda temática para los artistas; o lo que es aún peor, que sugiera una inclinación ideológica; respaldado -y justificándose- en que el origen de los recursos es público y él como ordenador del gasto tiene esa potestad. Este potencial riesgo de ninguna manera conlleva a restarle importancia a los sistemas exitosos de fomento del grafiti en Bogotá y otras ciudades, pero si a actuar con cautela al relegar la obligación de pagar por el grafiti de forma casi exclusiva al sector público.

De otro lado, y aunque también ha sido importante la participación del sector privado en el desarrollo de muchos proyectos grafiti y carreras de artistas, existe un riesgo real y tangible en su participación. Tristemente varias empresas y marcas inobservan las regulaciones y principios sobre publicidad visual exterior disfrazando sus campañas de arte urbano. En otras palabras, pintando vallas publicitarias en espacio público convirtiendo al grafiti en algo que no es. Afectando su esencia. (El lobo disfrazado de arte). De nuevo, sería hipócrita de mi parte desconocer la relevancia de los aportes económicos del sector privado en el desarrollo del grafiti en Colombia y en el mundo, pero me preocupa ser testigo de cómo muchas veces se contratan artistas para crear murales (algunos inmensos y muy bien ubicados) con el solo propósito de evitar los impuestos que causa ubicar publicidad en el espacio público (una forma de contaminación permitida pero seriamente regulada y con una carga tributaria clara). Es obvio que la publicidad y el arte mantienen una relación antagónica y desequilibrada: la primera busca enajenar la voluntad de su público, el segundo, liberarla. No sobra reiterar que en muchas ocasiones el sector privado actúa de forma respetuosa con las normas y el grafiti, pero esto no significa, como en el caso del sector público, que el riesgo deje de existir.

Al parecer los modelos actuales de financiación (la autogestión, los recursos públicos o el patrocino empresarial) están lejos de ser suficientes para dar cumplimiento cabal a la “prestación del servicio” de este tipo característico de grafiti; lo que nos obliga a imaginar que deben existir otras posibilidades y formulas de remuneración económica para el artista. Soluciones que, en primer lugar, no sean injustas y onerosas para el eslabón menos privilegiado de la cadena (el artista o practicante), o, que, en segundo lugar, no representen riesgos de cooptación ideológica o manipulación del propósito del grafiti y las normas sobre espacio público. Por fortuna, vienen en ascensos sistemas de transacción económica que conectan directamente a los artistas con su público, superando el debate de la intermediación institucional de estas “recompensas”. Me refiero a la criptoeconomía. Una invención que se ajusta por principios y propósito al grafiti aprovechando la tecnología disponible (la realidad aumentada). Por ahora me detengo para ahondar en ese tema en una próxima reflexión.


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